Política
Este miércoles 10 de abril, Lima y Callao vivirán una jornada clave con la anunciada gran movilización de empresas de transporte público. Lo que en un principio parecía una simple protesta más, ha escalado en magnitud y tensión, convirtiéndose en un llamado de alerta por parte de más de 460 empresas de transporte formal que operan en ambas regiones. La razón principal: el clamor por seguridad ante una ola de violencia que ha puesto al sector al borde del colapso.
La movilización ha sido convocada por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), y no se trata de una huelga común. Los conductores, cobradores y empresarios del transporte se unirán para hacer sentir su voz en contra de la creciente inseguridad, extorsión y ataques criminales que vienen azotando al gremio. Uno de los detonantes más graves fue el asesinato de Loymer Noé Benigno, un conductor que fue víctima de un brutal ataque armado mientras trabajaba. Este hecho, lejos de ser aislado, representa una escalada en la violencia que muchos transportistas han venido denunciando en silencio desde hace meses.
Las empresas participantes no son pocas ni pequeñas. Entre ellas están reconocidas líneas como El Anconero, Sesosa, Línea 39, Translima, Chimpún Callao y la famosa “41”. Se prevé que la protesta tenga un alcance masivo, por lo que se recomienda a los ciudadanos que planifiquen con mucha anticipación sus desplazamientos ese día. Rutas congestionadas, reducción de unidades en circulación e incluso la posibilidad de que algunas líneas suspendan
completamente su servicio, son escenarios que podrían materializarse.
La protesta ha sido anunciada como pacífica, sin embargo, los organizadores no descartan medidas más drásticas en caso el gobierno no atienda sus demandas. El presidente de Anitra ha declarado que este paro no solo es una advertencia, sino una muestra de unidad frente a una situación insostenible. “Hoy matan a un conductor, mañana puede ser un cobrador o un pasajero. No podemos seguir trabajando con miedo”, declaró en un reciente mensaje al sector.
Pero esta movilización va más allá del reclamo gremial: pone en evidencia una problemática que afecta directamente al ciudadano común. ¿Hasta cuándo podremos viajar en un bus sin temer que ocurra un asalto o que el vehículo sea blanco de un atentado? ¿Qué garantías tiene el pasajero de que su vida no estará en riesgo al usar un servicio público? Estas son preguntas que la protesta busca hacer resonar en la opinión pública y en las altas esferas del gobierno.
En medio de este contexto, el Ministerio del Interior ha sido instado a tomar acciones inmediatas, entre ellas reforzar la presencia policial en puntos críticos, implementar medidas de inteligencia para desarticular bandas criminales que operan en el transporte, y establecer canales de diálogo más efectivos con los gremios afectados.
El 10 de abril no será un día cualquiera. Será una jornada decisiva que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la lucha por la seguridad ciudadana en el transporte público. Si eres usuario frecuente, mantente informado, toma precauciones y no subestimes el impacto de este movimiento. Porque lo que está en juego no es solo el transporte... es la seguridad de todos.
