Política
El 5 de abril de 2025, decenas de miles de ciudadanos españoles salieron a las calles de 39 ciudades, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Málaga, para manifestarse en contra de la creciente crisis de vivienda que afecta al país. Estas movilizaciones fueron convocadas por colectivos como el Sindicato de Inquilinas, que demandan medidas urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible.
Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes se encuentran la reducción de los precios del alquiler, la implementación de contratos de arrendamiento indefinidos, la reutilización de viviendas vacías y turísticas, el fin de la especulación inmobiliaria y la eliminación de los grupos de desalojo forzoso conocidos como "desokupas". Estas demandas surgen en un contexto donde muchas familias enfrentan dificultades para acceder a una vivienda adecuada debido al incremento constante de los precios y la falta de políticas efectivas que regulen el mercado inmobiliario.
En la capital, Madrid, Valeria Racu, una de las portavoces de la protesta, calificó la jornada como un "momento histórico" en la lucha por el derecho a la vivienda. Por su parte, en Barcelona, Carme Arcarazo, representante de otro colectivo participante, advirtió que la actual crisis habitacional podría tener consecuencias políticas significativas, llegando incluso a "derribar a los gobiernos" si no se enfrentan al poder inmobiliario y se implementan soluciones efectivas.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, expresó su apoyo parcial a las demandas de los manifestantes y subrayó la necesidad de una colaboración estrecha entre las distintas instituciones para garantizar que las viviendas sean utilizadas para vivir y no como meros instrumentos de especulación financiera. Rodríguez reconoció la gravedad de la situación y se comprometió a trabajar en políticas que aborden las preocupaciones expresadas por los ciudadanos durante las manifestaciones.
Estas protestas reflejan un creciente descontento social respecto a las políticas de vivienda en España y ponen de manifiesto la urgencia de implementar reformas estructurales que permitan garantizar el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. La movilización simultánea en múltiples ciudades evidencia la magnitud del problema y la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva por parte de las autoridades a nivel nacional y local.
